Leyes adolescentes para salir con hombres mayores

Carta abierta a las feministas

2019.01.09 14:59 Asperger_Mgtow Carta abierta a las feministas

http://argentinatoday.org/2019/01/09/carta-abierta-al-colectivo-de-actrices-argentinas-por-carlos-balmaceda/
De mi mayor consideración: Les escribo en mi carácter de dramaturgo, actor y periodista, profundamente conmovido por las consecuencias políticas que su denuncia, -promovida en torno al presunto abuso sufrido por Thelma Fardín-, está desatando en la sociedad argentina.
Una nueva dinámica de vínculos, estigmatizaciones y prejuicios se ha iniciado a partir de la magnitud de su acto, y los efectos no deseados podrían convertirse incluso en un baldón para su propia causa, afectada por los arrebatos coléricos de una sociedad particularmente sensibilizada por estos eventos. Los episodios ocurridos en los últimos quince días, que incluyen dos suicidios instigados por los llamados “escraches”, evocan a ese aprendiz de brujo que, desbordado por su magia, pierde el control de sus actos con resultados catastróficos. Nadie, en este contexto de polarización, parece interesado en detener esta bola de nieve que solo beneficiará a los agentes de la distracción y el conflicto, jugando a favor de la manipulación de los poderosos y los intereses de una ingeniería social que busca dominarnos a través de la división entre argentinos. Por eso quiero llegar a ustedes, con el fin de que podamos debatir con franqueza y profundidad sobre las consecuencias de estos episodios. La justicia de su causa no puede ocultarles que ustedes ejecutaron una puesta en escena contando con la familiaridad y cercanía que otorgan la pantalla de cine o de televisión, y disponiendo de un oficio que las ha entrenado para emocionar a los espectadores, lo que les otorga un plus a la hora de convencer. Es decir, ustedes sabían que al convocar a su reclamo, contaban con una simpatía atizada por su condición de mujeres y su popularidad como actrices. De manera que ese pronunciamiento contó con una eficacia simbólica que ningún otro colectivo, profesional o artístico, dispone. Su oficio es el de la mímesis, la reproducción del drama y la evocación de la emoción. Como actor y dramaturgo, lejos estoy de criticar esa condición, inseparable hasta cierto punto de la propia identidad fogueada en la dialéctica de nuestro arte. Pero lo que es indiscutible es que esa eficacia potencia cualquier influencia sobre su público. Bien lo sabe la generación de actrices de la propia Thelma, que han visto crecer a sus “fans” adquiriendo no solo el merchandising, sino también la estética, la forma de relacionarse y hasta el lenguaje de los personajes que admiraban. Ustedes deberían haber sabido entonces que el efecto de la denuncia traspasaría largamente la dimensión racional de la empatía y produciría los resultados que, en horas, se desataron. Si no lo evaluaron todavía, con todo respeto las invito a esa reflexión, que podrá ahorrarnos conflictos, manipulaciones e incluso nuevas muertes. Por otra parte, su solidaridad con Thelma, la incuestionable búsqueda de justicia en torno a un hecho aborrecible, no debería distraerlas del contexto mundial en el que su acto se realiza, cuando las políticas de género se han convertido en un caballo de Troya: surgidas de espacios académicos ajenos a nuestra realidad, financiadas por fundaciones con sede en el norte del planeta, su irrupción en Argentina pretende vulnerar la construcción de una matriz nacional y popular, que recupere no solo las riquezas enajenadas por la actual gestión de gobierno, sino también nuestras más valiosas tradiciones culturales. Ayer mismo, en Brasil, hemos podido ver cómo el propio Bolsonaro prometió combatir la ideología de género, que, al fin, actúa como un juego de pinzas: introduce una polémica estéril, ajena a las necesidades nacionales, y al mismo tiempo crea su propio cuco reaccionario. Al mimetizarse con la ideología de género, diversos feminismos han sido arrastrados a esta falsa disyuntiva, sufriendo entonces el rechazo de una parte mayoritaria de la población, que ve en esta prédica un ataque a sus creencias y costumbres. Como colectivo político, ustedes deben definir si serán arrastradas por esta ola o si se sumarán a un feminismo de inspiración nacional y popular. Por ahora, su organización se alista, por acción u omisión, en ese bando que milita la disolución nacional y la división entre compatriotas, porque más allá de dos ejes, -la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la difusión de denuncias por abusos-, no puede advertirse cuáles son sus objetivos. Y si son una organización política, necesariamente deben confluir en un movimiento que las vertebre y aloje sus reivindicaciones. Que se entienda, nadie pretende bajarle el precio ni a los pasos que han dado ni a la absoluta justicia de sus planteos, pero el rumbo que llevan se encamina hacia una colisión con el sentido común, y está dejando a la vera del camino un costo que se mide en vidas, que algunos consideran con impiedad y cinismo, “daños colaterales”. Me refiero a los hombres que han muerto en medio de sus reclamos, provocados por quienes ejecutan su escrache mediático. El caso que encuentra mayor contigüidad temporal entre su denuncia pública y sus consecuencias, es el del director de Deportes de San Pedro, Luis María Domínguez, que se ahorcó apenas supo que una presunta víctima lo denunció en un video. Ustedes son un colectivo político y tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Esa mujer grabó el video con su acusación a las pocas horas de vuestra propia denuncia. Es decir, se sintió respaldada en cierto modo por lo que vio en los medios, y accionó en consecuencia. Al día de la fecha, todavía no se ha presentado en la justicia, no hubo una sola prueba de que Domínguez la hubiese violado y el hermano de la víctima, aludido en el mismo video, ha tenido el tiempo suficiente para fugarse, amenazar a la víctima o cambiar sus hábitos en función de la denuncia mediática. La hermana del presunto violador, mujer que por sus dichos se adivina ecuánime y piadosa, se ha querido poner en contacto con la denunciante, pero hasta ahora se ha negado incluso a ese intercambio que podría confortarla y hasta ofrecerle una perspectiva de lo que ha hecho, porque en definitiva, su denuncia tuvo una consecuencia: indujo a un hombre, culpable o no, al suicidio. Y eso ocurrió a horas de la denuncia de Thelma Fardín que ustedes solidariamente acompañaron. Como actrices, conocen esa advertencia televisiva que reza “niños, no intenten hacer esto en sus casas”. Ese mismo espíritu es el que ustedes deberían tener en cuenta al realizar una denuncia con tamaño peso emocional y andamiaje simbólico. Frente a ese efecto de contagio, ustedes, como el colectivo político que son, no fueron capaces de obrar, produciendo un nuevo pronunciamiento. De hecho, se han limitado a esa denuncia, sin ahondar en sus consecuencias. Y eso produjo otra muerte a unos diez días de su presentación televisada, la de Agustín Muñoz, adolescente de Bariloche acusado falsamente por una amiga. Dieciocho años, señalado por su entorno social, escrachado en las redes, la propia denunciante pidió disculpas y confesó su mentira, pero fue demasiado tarde. En la cultura del escrache, todos podemos ser acusados, sin pruebas, sin presentaciones judiciales, sostenida la imputación por el clima imperante –los hombres son potencialmente violadores y asesinos-, y una consigna –“yo sí te creo, hermana”-. Horas antes de que se produjera su anuncio, la antropóloga Rita Segato, baluarte del pensamiento feminista, había advertido sobre las consecuencias de los escraches y el punitivismo que algunos feminismos estaban ejerciendo, señalando que de persistir en ese camino, solo se estaría cambiando de mano al látigo del dominio patriarcal. Esta voz autorizada todavía no ha sido escuchada, ninguna de ustedes ha recogido el guante y elaborado una reflexión, que se impone después de estos dos suicidios producidos en el término de una semana. Alegarán que la denuncia de Thelma fue realizada en sede judicial y que eso la distingue de aquellas que no concurrieron por esos canales legales. Es cierto, la formalidad ante la ley es bienvenida, pero el impacto mediático es el que ha determinado una condena social de tal magnitud que el denunciado Juan Darthés ya ha perdido toda chance de defensa ante una opinión pública que, en virtud de la contundente puesta en escena detallada, dio su veredicto. Y lo que como organización política deberían tener en cuenta, es que los episodios de San Pedro y Bariloche, sin denuncia judicial mediante, ocurrieron al influjo de esta situación. No fueron los únicos casos. Las denuncias dentro del ámbito político se multiplicaron al día siguiente de su pronunciamiento, y, exceptuando la imputación al senador Marino, realizada en sede judicial y con un relato preciso y detallado, todas fueron lanzadas a las redes sin posibilidad de que los señalados puedan ejercer derecho a defensa alguno. Básicamente, dada la unanimidad que se ha instalado en virtud del clima descripto, el buen nombre y honor de los imputados han sido dañados definitivamente. En vuestro accionar, y en las opiniones generalizadas de una mayoría importante de mujeres, estos actos de “justicia por video propio”, parecen satisfacer una demanda que se convierte en venganza lisa y llana; y así, se actúa como si la causa ameritara la caza y la delación, el aislamiento social del hombre, e incluso, el disciplinamiento entre los niños y adolescentes, que crecen con la presunción de un “pecado original”: el haber nacido hombres. El efecto contagio no se detiene. Si bien algunos casos se registraron antes de su presentación, otros se multiplican, como las denuncias en el ámbito político, al influjo de su acto. En las escuelas, primarias y secundarias, se cuentan centenares de casos, y, de no atemperarse este clima social, se producirán muchísimos más en el siguiente ciclo lectivo. Se sabe de un colegio de la localidad de Banfield donde se han promovido varios escraches, y en Mendoza, los propios varones acusados en las redes, contraatacaron con una presentación judicial. Como colectivo político, no puede serles ajena una mirada estratégica: como mencionáramos, ayer mismo Bolsonaro asumió en Brasil, favorecido por un eje de campaña fuertemente influido por la ideología de género: el lema “Ele nao”, disparó sus preferencias electorales no bien se realizó una multitudinaria convocatoria bajo esa consigna. Es que junto con sus reivindicaciones, justas, indiscutibles, necesarias, impostergables, cabalgan las agendas de organizaciones no gubernamentales que han decidido convertirlas, como ya se ha dicho, en un Caballo de Troya. De esto, lamentablemente, no se puede hablar. Las referentes de algunos feminismos se niegan de plano, como si examinar esta cuestión comportara una complicidad con esas agencias internacionales, o como si el delimitar la acción propia de esa influencia, significara rebajar las conquistas conseguidas por el campo feminista. Una mirada parcial y superflua puede conducir a errores garrafales en la interpretación de lo que ocurre en torno al feminismo en el centro y la periferia, lo que puede desencadenarse si se siguen, sin un sentido crítico, tendencias y personajes referenciados como “feministas”. Las paradojas que se producen a partir de este sesgo son múltiples y dolorosas: movimientos feministas del primer mundo, como el “me too”, en los que ustedes suelen referenciarse, reivindican a Hillary Clinton, y la oponen a Donald Trump, recibido al inicio de su mandato con una de las más grandes movilizaciones en la historia de los Estados Unidos, que lo repudió por misógino. Sin embargo, quien representa el brazo femigenocida del imperio es esa mujer, con cientos de miles las víctimas que fueron torturadas, violadas, asesinadas, vendidas o casadas a la fuerza luego de que Clinton desatara la campaña más salvaje de la que se tenga memoria en Medio Oriente. Es una época compleja, en la que no se puede confundir lo central con lo accesorio. Vaya entonces este ejemplo: Gal Gadot, una colega suya que encarnó a la Mujer Maravilla en sus últimas versiones cinematográficas, creó un protocolo de producción contra la misoginia en estas producciones, lo cual es irreprochable y necesario. Pero Gal Gadot es a la vez una entrenadora de élite del ejército israelí que solo en el año 2014 asesinó a cerca de un millar de mujeres palestinas, más de quinientos niños y niñas, y que encarcela a diario sin ningún tipo de proceso judicial a adolescentes como Ahed Tamimi, que permaneció ocho meses presa en una mazmorra del régimen. El protocolo es lo accesorio, la matanza es central. Concurrir al país ocupante para promocionar producciones como “Patito feo”, tan populares en ese lugar, y no hacer una sola mención de todos esos atropellos contra las mujeres, sería la perfecta representación de esa perversa paradoja. Y en el caso de Thelma, ese eje estratégico también está ausente. La denuncia en la justicia nicaragüense, responsable, necesaria, valiente, se hizo a través de una ONG financiada por George Soros a la que se le quitó su personería jurídica una semana después del episodio. La república hermana de Nicaragua está envuelta en una serie de acciones golpistas, y esta ONG no fue ajena a estas maniobras. Si Thelma o su abogada juzgaron que ese era el canal más adecuado, el que ofrecía mayor contundencia a la demanda, como colectivo político ustedes no pueden dejar de evaluar estas circunstancias. Y no hay un solo pronunciamiento ni declaración de su parte que manifieste algún tipo de prevención, o que se aparte de la instrumentación política de la que, sin saberlo, pueden formar parte. Ustedes se constituyeron como colectivo cuando se planteó el debate sobre el aborto. En esas circunstancias, tampoco evaluaron su posible uso político. Y hoy, a seis meses de fracasada esa iniciativa, el diputado oficialista Lipovetsky anuncia que en marzo volverá a presentar la discusión en el Congreso. Sin Ministerio de Salud, con partidas absolutamente desfinanciadas para la atención de niños y mujeres, con hospitales en estado de absoluta precariedad, sin fondos, incluso, para los institutos que atienden los reclamos específicos de género, es claro que este debate es planteado como un distractivo, y que materialmente es imposible de implementar, lo que nos convoca a que pensemos juntos en la cruel paradoja de una presunta conquista en medio de la más pavorosa derrota social, económica y política que sufre el pueblo argentino. Para que se entienda entonces, cuando en esta carta hablamos de “mirada estratégica”, nos referimos a la observación aguda y sin anteojeras de la realidad, de los poderes que operan por detrás, y de la instrumentación posible de su causa. La sensación que reina en nuestra sociedad, es que ciertos feminismos punitivistas y misándricos, han perdido la brújula, con agresiones gratuitas, provocaciones insensatas y alardes irreverentes que terminan alejando a todo posible aliado, e incluso a muchas mujeres. En este sentido, el suicidio de María Luz Baravalle, docente de la UNNE, es particularmente doloroso: una feminista, acosada por sus propias compañeras de militancia, decide quitarse la vida. El episodio ilustra que una vez puesto en práctica el mecanismo de la difamación pública, nadie está a salvo de salir indemne. Se impone, entonces, una cuota de diálogo y responsabilidad, que, como colectivo, hasta ahora ustedes le han negado a la sociedad argentina. Por el contrario, una estética de la protesta, una puesta en escena del reclamo, las asocia con estos sectores, y si ustedes no son capaces de advertirlo, dada la polarización del conflicto, quedarán implicadas en ese espacio de rechazo. Se insiste en que como organización política, la reflexión con vías a operar sobre la realidad, es central, de lo contrario, corren el riesgo de que la irresponsabilidad y la liviandad terminen dinamitando sus propia construcción. En los meses precedentes, tuvieron ustedes señales de lo que se comenzaba a gestar. A principios de noviembre, un prestigioso director y docente de teatro, Omar Pacheco, decidió quitarse la vida luego de un escrache. En aquel caso, no medió ningún tipo de presentación judicial, y el colectivo “Ni una menos”, así como la socióloga María Pía López se pronunciaron en un medio definiendo el episodio como “un muerto que les habían arrojado” La expresión no podía ser menos feliz, inoportuna e impiadosa; revelaba que no estaban dispuestas a revisar la metodología, y que las consecuencias de tales actos siempre reposarían en el eventual victimario. Nadie puede estar en desacuerdo con la justicia de sus reclamos, nadie puede dejar de acompañar su marcha, nadie les negará el aliento y apoyo frente a una causa que dignifica a la humanidad, pero en la dinámica social que se ha desencadenado y que ustedes, posiblemente de manera involuntaria, han favorecido, se produce un efecto no deseado: el estado de derecho se encuentra en peligro. El tono exaltado, airado, histérico, de las intervenciones mediáticas, vuelve trivial a una cuestión en la que se juegan nuestras garantías constitucionales. Voces más prudentes y calmas nos ofrecen una perspectiva más equilibrada. Citamos aquí a la abogada Débora Huczek: “La honestidad no es una cuestión de género, sino de identidad, una verdadera elección. Estoy llevando causas de hombres que son víctimas de los movimientos feministas, de mujeres que utilizan cualquier pretexto basado en el género para difamar. Estos hombres, víctimas de falsas acusaciones, deben lidiar en los Tribunales para reivindicar su honor. Luego de haber sido públicamente humillados sólo por ser hombres, por pensar distinto. Porque ahora ninguno puede hablar sin temor a ser catalogado como misógino. (…). Ya no hay versiones que confrontar y se impone una verdad absoluta, sin importar lo que determine la Justicia”. Débora Huczek es abogada, es feminista, afirma que jamás defendería a un violador, es una mujer de derecho, profundamente preocupada por lo que pueda pasar en torno a la ley, o a su ausencia, en virtud de estas prácticas que la soslayan. Seguimos citándola: “es en la Justicia, y con las debidas garantías constitucionales, donde se deben debatir todas las cuestiones. No debemos olvidar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. (…). No se trata de a quien le creo, no entro en ese juego perverso. (…) Sólo defiendo mi derecho a cuestionar, a reflexionar, a expresarme y principalmente a cuidar celosamente el cumplimiento de nuestra valiosa Constitución Nacional”. Quiero cerrar esta carta abierta, haciendo algunas aclaraciones personales: hace poco menos de un año, un suicidio ocurrido en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos.Aires llamó mi atención. Se trataba de un hombre acusado por una de sus alumnas de tenis, que denunciaba un episodio que había sucedido doce años antes. La presentación, efectuada en una página de Facebook que luego fue bajada, constaba de unas pocas líneas escritas y había sido firmada con seudónimo. Sin embargo, el efecto en el infierno grande de un pueblo chico fue devastador. Aquel hombre se suicidó a los pocos días. La acusadora jamás amplió su denuncia. Ese episodio me puso sobre alerta de lo que podría sobrevenir si, una vez instalada hegemónicamente la consigna “yo te creo, hermana”, un estado de sospecha se imponía sobre todos los hombres. Hoy, las versiones circulantes sobre la reputación de cualquier persona se pueden tejer en cuestión de horas, y armarse con la misma metodología que la prensa hegemónica inficionó en el hábito y en la percepción de los ciudadanos argentinos: el “asesinato” de Nisman, el triple crimen de General Rodríguez “ordenado” por Aníbal Fernández o las cuentas en el exterior de Máximo Kirchner, son algunas de las múltiples invenciones que nos ha deparado esta época de posverdad. Yo mismo he tenido que desmontar operaciones en mi contra. Testimonios de personas que jamás me conocieron ni conocieron mi entorno, “amigas” de ex parejas que nunca conocí ni de las que oí hablar y lejanas conocidas que de pronto fungían de personas cercanas a esa intimidad, recitaban con una convicción digna de un testigo privilegiado, el relato de mis presuntas tropelías. En verdad, la única fuente de la que disponían era el rumor, unos chats y un perfil de Facebook que se abrió a fin de difamarme y luego se cerró. Recién entonces comprendí el poder de la sugestión y la necesidad de creer una especie si el sujeto mencionado no era del agrado del que propalaba la leyenda. Como se ha dicho, vivimos en la posverdad, donde una identidad falsa puede llevar a la muerte a una persona, y convencer a millones de su reputación, entonces, cómo no prevenirnos de este estado de sospecha. Todo lo que se ha dicho aquí, todas las prevenciones, todas las disquisiciones, no menguan ni por un segundo la justicia de sus reclamos ni la impostergable necesidad de terminar con la violencia contra las mujeres, sino que más bien propone las condiciones para que esta justicia sea eficaz, expeditiva y sujeta a la Ley. Ustedes conocen la historia de “Las brujas de Salem”, aquella obra maestra de Arthur Miller. Algunas de ustedes seguramente habrá sido Abigail, aquella niña-mujer en vínculo equívoco con John Proctor, que por despecho inventó una historia de diablos y embrujos. Todos sabemos cómo terminó esa historia: con linchamientos, como estos que se están produciendo ahora, con reputaciones deshechas, como las que ahora mismo se deshacen frente a nuestros ojos, y con algunos farsantes que aprovecharon la situación para cobrarse venganzas personales y apropiarse de un par de hectáreas de tierra. Entre otros aspectos, “Las brujas de Salem” nos enseña que la sugestión es una ilusión contagiosa y el punitivismo, una droga adictiva que pide más y más culpables, sin distinguir reos de inocentes. No permitamos que nuestro país sea Salem, no dejemos que algunos vivos de afuera, nos siembren de muertos adentro y se lleven unas cuantas hectáreas de tierra. No hay justicia por fuera de la Ley, así como no puede haber igualdad ni liberación de un sector, en un país colonizado por poderes trasnacionales. Por: Carlos Balmaceda

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2017.08.14 08:53 Subversivos Odio a muerte en la España profunda

Sucedió el domingo 26 de agosto de 1990 a última hora de la tar­de en un lugar llamado Puerto Hurraco, un pueblo profundo de Ba­dajoz con 205 habitantes censados y protegido por dos montes ne­gros con forma de ala. Los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 58 años, se apostaron en un callejón, descargaron sus escopetas de repetición y abatieron a quince personas. Nueve de ellas murie­ron entre esa fecha y el 10 de septiembre y las seis restantes fueron reponiéndose con desigual fortuna: todas han quedado marcadas por la tragedia, pero algunas tendrán que soportar el recuerdo en una silla de ruedas.
LOS SUCESOS DE EL PAÍS Puerto Hurraco, odio a muerte en la España profunda Los reportajes y ensayos de esta veraniega serie han sido extraídos del libro Los sucesos de EL PAÍS, publicado en 1996 como parte de la conmemoración de los 20 años del diario, lanzado el 4 de mayo de 1976. Históricas firmas del periódico, como Rosa Montero, Juan José Millás o Jesús Duva desmenuzan algunos de los crímenes que han marcado la reciente Historia de España, de la matanza de Atocha al crimen de los Marqueses de Urquijo.
En un principio, los hermanos habían venido decididos a asestar un golpe de muerte a la familia Cabanillas —las dos hijas de Antonio Cabanillas, de trece y catorce años, fueron las primeras en caer—, sus enemigos frontales desde los años veinte, pe­ro el olor de la pólvora y la sangre que corría pendiente abajo por la calle principal les dejó clavados en el suelo y en el gatillo. Al final, dispararon sobre todo lo que vieron. Emilio huyó al monte después del primer cargador. Antonio se quedó allí todavía un rato, hasta agotar el segundo. Horas después, de madrugada, la Guardia Civil tuvo que sacar a tiros a los dos hermanos de un cercano olivar en el que se habían refugiado —tanto, que dos guardias civiles resultaron gravemente heridos. Luego, se comentó que por qué no habían huido, por qué habían quedado atrapados en el lugar rabioso de su cri­men. Tal vez, la venganza, que les había atado a Puerto Hurraco du­rante toda la vida, les atara también después de llevarla a cabo.
El suceso se vivió en España con la extrañeza y el temor de quien se encuentra frente a páginas del pasado resucitadas con actores de carne y hueso. La década recién inaugurada quería significar el ine­luctable fin de aquella otra España de oscura conciencia, aislada del mundo y sobreviviendo dificultosamente de recursos escasos y entre penas y culpas que se colaban por los callejones históricos del pesi­mismo y de la tristeza. Eso había terminado. Estábamos en Europa y ya habíamos dado los primeros pasos hacia una modernidad con­sensuada por los propios y arropada por los extraños. Muchos vie­ron en Puerto Hurraco una fotografía antigua o el último latigazo de un mundo que se extinguía, pero muchos otros se enfrentaron, con una perplejidad interrogante, a un suceso real y presente que ponía en cuestión la idea actual de España, siempre vista a través del pris­ma urbano, cubierta por la sombra avanzada de la capital y de las capitales. Aquí se cifraba la incógnita: se trataba del pasado o se tra­taba de ignorancia del presente.
Dos días después de la matanza, el suplemento dominical del dia­rio EL PAÍS envió a quien esto escribe y al fotógrafo Miguel Gener a buscar las claves de un suceso que reunía paradojas suficientes co­mo para pensar que la averiguación no había concluido con la me­ra información del desastre.
Detrás de los visillos
La primera impresión de Puerto Hurraco, una estrecha calle principal en cuesta, a última hora de la tarde espesa y caliente de agosto, con una mujer que todavía fregaba en las paredes y en el cemento las manchas de sangre, y puertas cerradas a cal y canto, fue la de estar visitando un pueblo con gente vigilando detrás de los visillos de la ventana. De vez en cuando se escuchaba, casi exagera­damente, casi como si uno se lo estuviera inventando o esperase in­ventárselo, un cerrojo que recorría la calle, que salía del pueblo y que se perdía en una resonancia entre los omóplatos de los dos mon­tes negros que planeaban siniestramente sobre las casas blanquea­das. No había nadie en la calle y las únicas figuras visibles eran las de dos guardias civiles sentados en un cuatro latas ladeado sobre una cuneta a la entrada del pueblo.
MÁS INFORMACIÓN Puerto Hurraco, odio a muerte en la España profunda Todo lo publicado en EL PAÍS sobre el caso 2015: Puerto Hurraco quiere olvidar 2010: El último de los asesinos se ahorca en su celda 1994: 688 años de cárcel para los hermanos Izquierdo De vez en cuando, algún vecino cruzaba velozmente y miraba al­rededor como si tuviera que cerciorarse del lugar en que vivía. Con el paso del tiempo, se terminaba descubriendo a otros periodistas y fotógrafos, que salían apresuradamente de una casa para entrar en otra y que ya habían adoptado los hábitos clandestinos de la pobla­ción. El día que siguió al entierro de las víctimas, entre el fragor de cepillos que intentaban borrar la sangre del domingo, un vecino pi­dió a los reporteros que no se marcharan, «porque así se sentían más protegidos». Pero, al mismo tiempo, no aceptaba hospedajes «por temor a represalias». La guerra de Antonio y Emilio Izquierdo ha­bía derivado en una guerra interna: a ver quién dice y qué a los pe­riodistas.
En los días siguientes a la matanza, uno de los aspectos más sorprendentes —para un recién llegado— era el clima de tensión que se había creado entre los propios vecinos. Daba la impresión de que la alarma no había dejado de sonar todavía y de que esta vez el peligro no iba a venir de afuera —Emilio y Antonio vivían en Monte­rrubio de la Serena—, sino de los intestinos de la aldea. La razón, sencilla, pero que tardaba en descubrirse, tenía que ver con los in­trincados lazos de parentesco de los habitantes de Puerto Hurraco. Los Izquierdo y los Cabanillas se odiaban, y el hecho es que una buena parte de las familias de Puerto Hurraco eran Cabanillas o Iz­quierdo, pero una parte aún mayor había mezclado sus apellidos con el sistema endogámico tan habitual en las zonas rurales y aisladas del interior de la península. De forma que los Cabanillas Izquierdo o los Izquierdo Cabanillas suponían un verdadero grueso de la po­blación.
El cementerio era una prueba contundente de esta tupida red de peligros. Situado a un costado de la carretera general, rodea­do de un campo que parecía en estío permanente, mostraba con to­da claridad y en letras de molde la hegemonía de los dos apellidos y de sus mezclas. Para mayor enrarecimiento, en la catástrofe del do­mingo había muerto una cuñada del marido de Emilia Izquierdo, la tercera hermana en discordia junto a Luciana y Ángela —a las que más tarde se acusaría de haber inducido a sus hermanos al asesinato.
En esos días, cada cual podía imaginar la amenaza en el interior de su propia casa o lindando con la del vecino. Todo dependía del bando en que cada uno decidiera alistarse o se sintiera incluido, ha­bida cuenta de que todos y cada uno tenían innumerables posibili­dades de pertenecer a ambos. Por tanto, una cierta arbitrariedad surgida de lo que no se sabía del otro, del próximo, cuyos verdade­ros sentimientos podían haber estado escondidos o disimulados para brotar ahora repentinamente, se unía a la conmoción y al miedo generalizado. La ecuación resultante era, pues, miedo más arbitra­riedad y su solución, una incógnita. Curiosamente, esos mismos tér­minos habían estado, como se vería después, en el origen de la tra­gedia.
Los días que siguieron al suceso fueron días temidos. Había mie­do al regreso de las hermanas presuntamente instigadoras, Luciana y Ángela, evaporadas desde la semana anterior; miedo a Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas; miedo a la respuesta de las distintas ramas de las distintas f31nilias, dentro y fuera del pue­blo; y, sobre todo, un miedo contagioso a que la cuerda del último drama tirase de otros dramas sobre los que el olvido había trabaja­do como una lápida. Algunos vecinos hablaban ya de hacer las ma­letas y de cerrar los escasos negocios. Se temía el éxodo.
Fuera de esto, existía también una aprensión —causada por esta estructura de parentesco— relacionada con que ciertas historias sa­lieran a la luz. Una especie de pudor repentino de una aldea endo­gámica acostumbrada a guardar sus conflictos. Y también un tem­blor vergonzoso a aparecer como el reflejo miserable de esa España profunda, tan traída y llevada por los libros, por el cine y por la te­levisión, de niños en las tinajas, campesinos obtusos y sanguinarios, y malevolencia rural.
En el fondo, con unas cosas y con otras, se estaba jugando la su­pervivencia del pueblo. Había algo más que una disputa sangrienta entre familias: se había puesto en peligro la supervivencia colectiva.
Cuando los vecinos se decidían a hablar era para defender esa su­pervivencia. Insistían, de un modo que se dirigía en primer lugar a su propio convencimiento, como si la presencia del interlocutor sir­viera sobre todo para escucharse a sí mismos, en que el estallido no afectaba más que a los «amadeos» y a los «patas pelás», ramas par­ticulares de los Cabanillas y de los Izquierdo. Aceptar la idea de una guerra entre los Cabanillas y los Izquierdo, sin matices y sin reduc­ciones, era transigir con la idea de una guerra universalizada y con la previsión de una hecatombe a la vuelta de la esquina. Fuera co­mo fuese, el primer gesto de la supervivencia consistía en espantar los fantasmas de una contienda colectiva, particularizando el con­flicto hasta contenerlo en su territorio más pequeño.
La supervivencia, además, merecía la pena en términos objeti­vos. Los términos estaban relacionados con la reciente prosperidad del pueblo, tradicionalmente dedicado a la aceituna, el grano, los cerdos y las ovejas. Las subvenciones estatales y el empleo comuni­tario habían hecho crecer el nivel de vida en los últimos cinco años. Se veían casas nuevas y reformadas por todas partes, las calles es­taban asfaltadas y en los pequeños negocios se respiraban aires de beneficio. Para entenderlo mejor, había que remontarse a la historia de una aldea que no conoció la electricidad hasta los años se­tenta, el agua corriente hasta los ochenta y el asfaltado de las calles hasta hacía seis años. Por primera vez, aquella conciencia colecti­va, secularmente cerrada al mundo, había empezado a asomarse a él. Los defensores de la tesis de la tragedia aislada luchaban con­tra la memoria en una atmósfera de pólvora antigua. Era la memo­ria de una aldea fundada por familias Izquierdo provenientes del cercano Helechal en el siglo pasado y que, a principios de la centu­ria, se encuentran conviviendo con extraños que regresan de una emigración cubana.
En ese momento comenzó la guerra, la guerra de los Camariches (Izquierdo) contra los Habaneros (Cabanillas). Es decir, la guerra de los fundadores contra una familia de intrusos llegada de Cuba. A la vista del entramado presente de parentescos, la resurrección de ese conflicto significaría la guerra de todos contra todos. Después de tan­tos años, y estando tan cerca ya del mundo contemporáneo, los habi­tantes de Puerto Hurraco temían, tras el nefasto domingo de agosto, levantarse por la mañana pensando que cualquiera podía ser un ene­migo, que la fiera dormida podía despertar y llenar el aire de zarpa­zos. Como si no hubiera pasado el tiempo o como si hubiera dado igual que el tiempo hubiera pasado. En ese aspecto, sus sentimientos eran muy semejantes a los sentimientos con que el resto del país les contemplaba. Mientras el país entero, a su vez, se sentía observado por los nuevos y modernos amigos europeos, los mismos que habían surtido la leyenda negra española de hechos que la confirmaban ejemplarmente, de hechos muy semejantes a los de Puerto Hurraco. Seguramente, Puerto Hurraco hizo que los españoles se volvieran tan hipersensibles a la observación como los propios vecinos, y también desde esa oscura culpabilidad nutrida por la incertidumbre y la ig­norancia.
La historia olvidada
Existía, por tanto, una historia de Puerto Hurraco, una historia escondida y, al parecer, fatalmente olvidada, a la que se había re­gresado brutalmente a causa de ese mismo olvido.
Hacia 1920. Unos niños juegan en el polvo marrón de una calle­juela. Los hombres arrastran sus mulas en el campo y las dos len­guas de piedra negra que desde la montaña lamen Puerto Hurraco lanzan chispazos de luz. Los niños son Ángel Cabanillas, apodado El Rapa, y los hijos de La Torcía y La Daniela, ambas de familia Iz­quierdo. De pronto, se enredan en una gresca. El Rapa, de catorce años, se marcha a su casa. Al cabo de un rato, cuando quiere salir de nuevo a la calle, La Torcía y La Daniela le esperan armadas. La madre de Ángel Cabanillas no le deja salir. El incidente crea una tensión desproporcionada entre las familias. No hay un previo con­flicto de tierras, ni otro conocido. Pero la tensión alcanza los años si­guientes, cuando las familias aparecen en la historia completamen­te enconadas.
Año 1928 o 1929. Luis Cabanillas se interpone en la amistad de su hermana Matilde con Alejandro García Izquierdo. Alejandro pide ayuda a los parientes Izquierdo y traman esperar a Luis a la salida del salón de baile de Marcelo Merino. Son las últimas horas de la fiesta, el ambiente del salón está espeso y un amigo de Luis abre la ventana. Por encima de los tejados distingue el perfil lunar de los montes y, con la misma luz, a Alejandro y a sus primos apostados en una de las callejuelas. Luis hace cuestión de honor en salir mientras tantea la navaja que lleva en el bolsillo del pantalón. Antes de que los Izquierdo reaccionen, asesta una puñalada en el cuello a Alejan­dro García. El acuchillado nunca llegó a recuperarse totalmente. «Se quedó como atontado.» Luis Cabanillas fue condenado a siete me­ses de cárcel ya posterior destierro en Peñarroya.
Año 1935. Se repite el suceso con distintos protagonistas e inversa fortuna. Un baile en una fiesta cercana. Basilio Cabanillas ronda a Amelia Izquierdo, prima de Daniel Izquierdo, por mote El Dentis­ta. Al parecer, Basilio y Amelia se entienden. El Dentista interrum­pe la escena y discute con Basilio. El clima se caldea a lo largo de la noche. Finalmente, El Dentista lanza una amenaza y se marcha. Ba­silio regresa al pueblo caminando, sorteando pedregales y olivos en una noche cerrada. El Dentista surge de entre unos matorrales y le apalea hasta tumbarlo. Basilio consigue llegar a su casa y de allí a un hospital de Badajoz, donde tardará semanas en reponerse. Daniel Izquierdo, El Dentista, fue encarcelado y años después tuvo que pa­gar fianza para conseguir la licencia de escopeta.
Hasta estas fechas, los conflictos responden al esquema de Ca­mariches contra Habaneros. No hay disputas materiales de ninguna especie. Las disputas tienen trasfondo grupal y las heredan los pa­rientes por extensión consanguínea y cronológica. Se trata de los fundadores y de los emigrantes que legan a su descendencia una probable competitividad a escala local y sólo explicable dentro de un entorno cerrado donde el roce produce una marca cuya exposición continua tiende a pasar por herida.
El resto forma parte de una historia más y mejor manejada por los que todavía viven. Pasaron 26 años desde las andanzas de El Dentista hasta la desgracia siguiente. En ese plazo largo, que no se­ría el único de magnitud que mediaría entre catástrofes, los Cabani­llas y los Izquierdo debieron de fundirse en una maraña de lazos de parentela, que hoy son inextricables y amenazadores. Estos lazos parecían configurar una paz decisiva. Pero en Puerto Hurraco la paz ni se decide ni tiene dueños.
Años 50. Amadeo Cabanillas Caballero y Manuel Izquierdo, llama­do Mal Tiempo, echan ovejas en los tristes pastos de Puerto Hurraco. Las fincas lindan. No hay cercado, sólo un golpe largo de tierra amon­tonada que las separa. Las ovejas entienden mal la delimitación y se la saltan sin reflexionar. Otra gresca, de no grandes dimensiones, pe­ro que se conserva en la memoria como un hito de este prolongado ca­mino de desavenencias. El que algo así se conserve en la memoria es lo más inquietante de todo.
Año 1961. Se produce el primer choque entre Antonio Cabanillas -el padre de las niñas asesinadas-, todavía niño, y los futuros cri­minales de sus hijas, Emilio y Antonio Izquierdo. «Al niño le tupie­ron la boca de hierba.» El padre de las niñas asesinadas negó en esos días aciagos de agosto que tuviera jamás un roce con Antonio y Emi­lio. Aunque lo negaba no como si negara el hecho, sino como si ne­gara cualquier especie de memoria. Mientras se dirigía con su trac­tor al campo, dos días después de las desgraciadas pérdidas, de la boca de Antonio Cabanillas se escapaba la palabra «maldad» con una certeza religiosa.
El caso es que, sin moverse de la fecha, Amadeo Cabanillas Ri­vera, hijo del otro Amadeo y hermano de Antonio, discutió con Jeró­nimo y Luciana, hermanos de Antonio y Emilio por el asunto del chaval. Luciana se rompe un brazo al caer empujada por Amadeo: ésta es toda la historia de amor que vivieron y que en 1990 levanta­ba especulaciones acerca de un despecho sentimental que habría ali­mentado la última fase del resentimiento. Jerónimo esperó en la fin­ca de Las Pelícanas a Amadeo y lo mató de una cuchillada. Años de cárcel, psiquiátrico y destierro a Monterrubio, a seis kilómetros. El pueblo donde vivían y desde el que tramaron los hermanos Izquier­do la matanza.
1984, veintitrés años más tarde. La casa de Isabel Izquierdo, ma­dre de los convictos y hermana de Mal Tiempo, se incendia. La ma­dre muere, y las hermanas, que estaban esa noche en la casa, acusan a Antonio Cabanillas de haber prendido el fuego y al pueblo entero de no haberles ayudado. Lo cierto es que olvidaron a su madre entre las llamas y que muy pocos vecinos llegaron a despertarse esa noche.
  1. Jerónimo repite cuchillada en la Cooperativa de Monterru­bio, esta vez sobre Antonio Cabanillas, que tiene que ser ingresado. A partir de este momento, los Patas Pelás se enclaustran en su feu­do de Monterrubio. Los hermanos se dedican a jugar a las cartas y a toma: helados de corte, una especie de pasión. Luciana y Ángela van clamando justicia por las calles, se arrodillan delante del cuar­telillo de la Guardia Civil y obligan a los vecinos a desenchufar los frigoríficos ya parar los relojes de pared, por temor a que camufla­ran bombas. Una existencia entre la locura y el miedo, alimentada por confidentes y enzarzadores. Después de que la locura y el miedo hubieran fermentado lo suficiente y se hubieran descompuesto en su propio caldo de cultivo, llegó el domingo sangriento, tras las fiestas de agosto. «Vengo a por el Puerto, esto vengo esperando hace seis años», dicen que gritaba Emilio Izquierdo desde el callejón entre descarga y descarga de su repetidora.
Ruido de cerrojos
Esta historia pudo componerse a partir de fragmentos, de confi­dencias a media voz, hechas en el pequeño bar donde los parro­quianos se limitaban a jugar a las cartas y a vigilar permanente­mente a los periodistas o, tras llamar a alguna puerta, atravesar un largo pasillo y quedarse en el patio del fondo mientras los dueños de la casa echaban los cerrojos. Jamás se confiaban en grupo. Las úni­cas posibilidades dependían de encontrar a solas al interlocutor o de sacarle de la proximidad de los otros. Las mujeres y los hombres ha­blaban en su casa sólo a condición de que no estuviera el cónyuge. La mutua vigilancia a que todos se sometían daba como resultado un silencio a medias y, muchas veces, ficciones o falsedades.
Los más proclives a soltarse, y no mucho, eran los emigrantes que habían regresado para las fiestas y los que habían tomado la deci­sión de marcharse. Por lo general, se negaban a dar el nombre y sólo apuntaban la rama de Izquierdo o Cabanillas a la que pertenecían y cuya posición estratégica en el conflicto era prácticamente imposi­ble desentrañar para el forastero. La mayoría hablaba como Caba­nillas en esos momentos, pero un ligero contraste con el siguiente in­terlocutor arrojaba la idea contraria. No decían su nombre, aunque se denunciaban entre ellos. «Ése con el que dice que ha hablado es un Amadeo» o «ese es un Pata Pelá».
Al llegar la noche, los guardias civiles recomendaban severamen­te que los periodistas dejaran el pueblo. Entonces sí que sonaban los cerrojos más allá de toda atmósfera literaria. Miguel Gener hizo unas espléndidas fotografías de lo que era la noche en Puerto Hurraco, aguantando en aquella oscuridad tensa en la que las luces de los fa­roles se pegaban al suelo y dejaban recortado por encima el cielo an­cho, espeso y nocturno, de las tierras pacenses. Esas fotografías con­siguieron reproducir las tenebrosas impresiones que podría haber sentido cualquiera que se acercara a Puerto Hurraco horas después de la, carnicería. Algo así como meterse en un poblado fantasma del viejo Oeste, pero sin épica, cruzado por caminos que se fundían en la noche y con una carretera cercana que parecía el tramo final de todas las carreteras del mundo. Dentro de las casas, las luces se apa­gaban enseguida y entonces el cielo oscuro empezaba a pesar y a desplomarse como la tapa de un ataúd.
En Esparragosa o en Zalamea, a pocos kilómetros, la noche se vi­vía de muy distinta manera. La gente salía a tomar el fresco al qui­cio de la puerta, se veían corros de adolescentes en las puentecillas y paseantes que se adentraban en la tiniebla de los senderos. Eran las horas para respirar un poco de aire, después de los cuarenta gra­dos de secano que habían carbonizado el día. En Puerto Hurraco no se respiraba, los habitantes parecían contener el aliento hasta que pasara algo que se sentía próximo y fatal. Esa noche calurosa de en­cierro daba la verdadera temperatura del ánimo de la gente.
El día 30 de agosto las hermanas Izquierdo, Ángela y Luciana, salieron de un escondrijo de Madrid y tomaron el expreso de Bada­joz. A partir de ese momento iniciaron su escabroso periplo entre las pretensiones del fiscal, que las acusó de conspirar junto a sus her­manos -aunque la Audiencia de Badajoz revocó en febrero de 1992 el auto de procesamiento-, y su inexorable destino psiquiátrico en Mérida. Pero durante los cuatro días en que estuvieron desapareci­das, Ángela y Luciana se presentaban como la clave que podía des­cifrar los enigmas. Y también disolver el sentimiento de amenaza in­mediata que todavía pesaba sobre las gentes de Puerto Hurraco. Su desaparición había prolongado la inquietud, porque, sin lugar a du­das, tanto para los de Puerto Hurraco como para quienes estaban al tanto en Monterrubio de la Serena, había una diferencia sustancial entre el dedo que había apretado el gatillo y el cerebro que había en­viado la orden.
La casa de Monterrubio era una casa de pueblo de dos plantas pe­queñas embutida en una hilera y tan cerrada a cal y canto como, según decían, lo había estado en los últimos años, cuando los hermanos y hermanas Izquierdo vivían en ella. El diagnóstico del vecindario era tan concluyente como lo fue después el de la Audiencia. Eran dos mu­jeres mayores, de 49 y 63 años, prematuramente envejecidas, cuya existencia estaba organizada alrededor de los líos vecinales, que salían dando gritos de su casa y recorrían las calles insultando a sus parien­tes de Puerto Hurraco y a cualquiera de Monterrubio que se cruzara con ellas, que peregrinaban regularmente al cuartelillo y que, simple­mente, «no podían estar bien». En contraste, Emilio y Antonio rara vez protagonizaban un altercado. Parecían bastante pacíficos o quizá sólo tranquilos y, según la opinión del coro popular de Monterrubio, absolutamente dominados por sus hermanas.
Ninguno de los cuatro se había casado. La única pista sentimen­tal relacionaba a Luciana con Amadeo Cabanillas, en el famoso episodio que concluyó con fractura de huesos para la mujer y que inau­guró la última fase criminal entre las familias antagonistas. Luciana negó en días posteriores que hubiera existido semejante posibilidad, como no podía ser de otra manera. Los cuatro hermanos, por lo de­más, apenas salían de la casa de Monterrubio, donde las persianas estaban permanentemente bajadas y los pestillos echados. Allí fue­ron re cociendo su animadversión y sus malos sentimientos durante seis años.
Con todo ello viene el dilema. La matanza de Puerto Hurraco pue­de ser contemplada a la luz de una historia secular de rencillas y con­flictos que culminó de esa manera como podía haber culminado de cualquier otra parecida, o bien esa tragedia hay que observarla a tra­vés de esta última escena, mucho más reducida, mucho más actual, mucho mejor iluminada. Si fuera así, lo que se ofrece a la vista es el cuadro de cuatro hermanos encerrados en sí mismos, con antece­dentes psiquiátricos y con manifestaciones de desequilibrio patentes, aislados en un pueblo de Badajoz que ni siquiera es el suyo, armados hasta los dientes y profiriendo amenazas constantes, ante la pasivi­dad de instituciones y vecinos. Después se conocería el dominio pa­tológico que los mayores ejercían sobre los pequeños y también sal­drían a la luz abultados rumores sobre la vida de los Izquierdo. Pero no había ninguna necesidad de ello, porque un simple vistazo a los historiales clínicos, al entorno familiar en el que habían crecido y aprendido, a su vida cotidiana y a sus hechos cotidianos, habría bas­tado para anticipar un pronóstico de lo que podría ocurrir y de lo que fatalmente ocurrió.
Los desheredados
La historia de la España negra y profunda siempre ha servido ha­cia dentro y desde fuera. Desde fuera, el que más y el que menos ya sabe cómo ha funcionado. Pero, paradójicamente, también ha sido eficaz a la inversa, tapando la desidia de la sociedad civil y de las instituciones públicas, y arrojando al pozo sin fondo de la concien­cia de un pueblo que se ha movido entre la supervivencia y el olvi­do todos los desastres que nadie era capaz de asumir.
Desde un punto de vista literario y dramático conmueve descubrir que un pueblo de doscientos habitantes guarde en su memoria cen­tenaria un arsenal de disputas que van desde lo ridículo hasta lo ca­tastrófico, con nombres y apellidos, con detalles minúsculos trasmi­tidos de padres a hijos como las palabras de una liturgia, y que la tragedia corone finalmente esta memoria. Pero desde el punto de vis­ta de los hechos, lo único que se acerca a los motivos verdaderos —más allá de las leyendas que nos dejan tan enaltecidos como vulne­rables— es la constatación de que cuatro personas enfermas, indivi­dual y socialmente enfermas, armadas, aisladas y sin escapatoria an­te el mundo, explotaron un mal día en un clima colectivo de asombro que sustituyó automáticamente a una colectiva indiferencia.
Como en las malas películas, todo trató de resolverse judicial­mente. Los juicios tienen la virtud de aplicar condenas y de trasfe­rir las ideas de bien y mal a la potestad de un tribunal o de un ju­rado que, en realidad, sólo se ocupa de crímenes y castigos. El juicio de los hermanos Izquierdo causó la misma expectación que la trage­dia y dejó las cosas en el lugar donde se quedan las cosas intocables.
El 17 de enero de 1994, Antonio y Emilio Izquierdo se sentaron en el banquillo de los acusados, cuando ya se había decidido la re­clusión de sus hermanas en el hospital psiquiátrico de Mérida con un diagnóstico de «delirios paranoides». José Gómez Romero, el psi­quiatra que las tenía a su cargo, declaraba en esas fechas, tres años y medio después de su ingreso, que «Luciana y Ángela han mejora­do algo, poco a poco, pasean con otras internas y, sobre todo, Ánge­la ha desarrollado un poco de su personalidad, condicionada por la de su hermana hasta el punto de que, al principio, las cogías por separado y te hablaba utilizando las mismas expresiones que Lucia­na» (EL PAÍS, 23 de enero de 1994). En el juicio, los peritos psiquiá­tricos llegaron a la conclusión de que Emilio y Antonio Izquierdo su­frían «alteración de la personalidad de carácter paranoide». Cosa que, al parecer, «no alteraba el plano de la conciencia», si bien «so­bre esta personalidad, que constituye terreno abonado, hay una vi­vencia (la muerte de la madre) que es vivida de forma muy trau­mática por estas personas y se convierte en una idea sobrevalorada (la venganza) que invade el campo psíquico del sujeto. En este sen­tido estimamos que su capacidad volitiva podría estar disminuida» (EL PAÍS, 18 de enero de 1994). Dado que la psiquiatría se mueve por el mundo como si fuera una ciencia, hay cosas que los legos no pue­den entender. Por ejemplo, el que la conciencia no se altere cuando hay una idea sobrevalorada que invade el campo psíquico del suje­to, disminuyendo además su capacidad volitiva. Misterios del ser.
Los magistrados, en los fundamentos de derecho, afirmaron además que Emilio y Antonio no eran enfermos mentales, exponiendo el he­cho de que ambos «eran capaces de manejar un rebaño de ovejas de unas 1.000 cabezas» y que tenían fincas arrendadas, «consiguiendo, a pesar de la crisis por la que atraviesa el campo, poseer una carti­lla de ahorros con unos diez millones» (EL PAÍS, 26 de enero de 1994). Es decir, habría una relación inequívoca entre la salud mental y la gestión económica y agropecuaria. Estaríamos aquí ante una especie de protestantismo psicológico —visto a través de la doctrina de la predestinación mental.
Así pues, los delirios paranoides de los hermanos y de las herma­nas Izquierdo tuvieron distinto final como consecuencia de la dife­rente relación con el gatillo. La justicia actuó sobre los hechos y se limitó a sancionarlos, salomónicamente, con sus dos espadas con­temporáneas: el psiquiátrico y la cárcel. El 25 de enero de 1994, An­tonio y Emilio Izquierdo fueron condenados a 688 años de cárcel perfectamente divididos entre ambos como autores criminalmente responsables de nueve asesinatos consumados y seis frustrados. Los ponentes afirmaron que los dos hermanos prepararon por «vengan­za» un «plan de exterminio del mayor número de habitantes posible de Puerto Hurraco».
Aunque la Justicia dictó sentencia, y con ella la sentencia del ol­vido o del comienzo del olvido, lo cierto es que, más que disipar la temida imagen de España, la reveló en fotografías nuevas. La mitad locos o idiotas, la mitad asesinos carniceros. Y, sin embargo, habían pasado muchas otras cosas sobre las que no se podía dictar senten­cia como la abrumada existencia de esas cuatro personas encerradas en una casa de Monterrubio de la Serena hablando con sus fantas­mas en un idioma delirante, o la supervivencia en un entorno capaz de trasmitir de generación en generación la forma en que unas ove­jas se saltaron unas lindes de tierra amontonada para provocar una refriega. El mundo es complicado y la ley lo simplifica en términos de habitabilidad convencional, cuando la ley se cumple. Pero, con toda certeza, la masacre de Puerto Hurraco debió servir para llevar a la superficie una imagen de la España actual más allá de los tópi­cos y de las ideas conformadas a las que invita la desidia intelectual de la que somos ancestrales herederos. Muchas regiones rurales es­pañolas están todavía iniciando el siglo XX y esta situación no se re­fiere solamente a medios materiales de vida o a capacidad de pro­mover recursos, sino también al lugar que ocupan en el proyecto de este país. El abandono a su locura de los cuatro hermanos Izquier­do podría ser también el abandono a que se ha sometido a una vas­ta extensión de la vida española que no encuentra su sitio en ningún proyecto y que no se ve reflejada en ningún futuro. La España ne­gra no está hecha de ningún material particular. Si está hecha de al­go es de los ojos que no quieren mirarla.
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2016.06.05 19:48 ShaunaDorothy EE.UU.: Cacería de brujas asesina “Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida (Febrero de 2014)

https://archive.is/HdHvI
Espartaco No. 40 Febrero de 2014
Durante las últimas décadas, la policía sexual de este país ha capturado a cerca de un millón de personas. Se les encarcela, se les humilla públicamente y se les pone en peligro mediante los registros de “delincuentes sexuales” en Internet, se les rastrea con tobilleras de GPS, se les expulsa de sus propias comunidades y se les obliga a vivir bajo los puentes o en los bosques. Se han convertido en parias sociales, en los leprosos de la actualidad.
Incluso mientras el matrimonio gay —y los boy scouts (abiertamente) gays— son cada vez más aceptados, el esfuerzo de los gobernantes por legislar el sexo y la “moralidad” parece no tener fin. Su más reciente expresión es el frenesí azuzado contra un supuesto brote de incorregibles “depredadores sexuales”, especialmente los que supuestamente tienen como blanco a niños en Internet (es decir, un mundo fantástico) o a través de la pornografía (también pura fantasía). No hay tal epidemia; sin embargo, parece haber un gran número de policías infiltrados al acecho en los chat rooms. Se ha victimizado a miles sólo por mirar pornografía o por intentar comunicarse con otros, por no hablar del sexo consensual con menores, nada de lo cual sería un crimen en una sociedad racional.
Tal como ocurrió con la histeria de los años ochenta y noventa sobre las supuestas redes satánicas de abuso de menores en las guarderías, el depredador de Internet es un mito manufacturado por el gobierno y los medios. Incitando y manipulando el miedo y las actitudes sociales atrasadas, su finalidad subyacente es legitimar y fortalecer los poderes del estado capitalista. Mientras los políticos demócratas y republicanos sermonean sobre “proteger a nuestra niñez”, los imperialistas estadounidenses bombardean a niños en todo el mundo y millones pasan hambre incluso en este país, donde la tasa de mortalidad infantil llega al lugar 51 del mundo.
Entre las innovaciones legales más perniciosas, diseñadas para aumentar el control del gobierno, están las leyes federales que firmó el presidente demócrata Bill Clinton a mediados de los noventa y que le exigen a los delincuentes sexuales liberados que se registren en Internet y notifiquen a la comunidad su paradero. Otro estatuto le exige a las autoridades estatales que transmitan sus datos y huellas digitales al FBI para que éste forme una base de datos nacional. También está el “confinamiento civil”, que permite mantener a los prisioneros recluidos más allá del término de sus sentencias. Con estas leyes, los convictos de delitos sexuales se ven inmersos en un laberinto kafkiano de presunta culpabilidad, ostracismo social, castigos preventivos, miedo y violencia, frecuentemente de por vida.
Para Charles Parker de Jonesville, Carolina del Sur, y para su esposa, registrarse como delincuente sexual fue una sentencia de muerte. En julio, Jeremy Moody halló el nombre de Parker en el registro y ubicó su hogar en un mapa, se dirigió ahí y disparó y apuñaló a la pareja. “No he venido a robarte. He venido a matarte porque eres un abusador de niños”, dijo Moody, quien tiene la palabra “skinhead” [cabeza rapada] tatuada en el cuello. (Parker no había sido convicto por abuso de menores.) Posteriormente, Moody admitió que se preparaba para matar a otra persona que figuraba en el registro.
Un caso de estudio: Los Friedman
Hace poco volvió a las noticias el caso de Arnold Friedman y su hijo adolescente Jesse, documentado en la escalofriante película nominada al Oscar de 2003 Capturando a los Friedman. La película muestra cómo los dos hombres de Long Island, víctimas del abuso policiaco, la histeria de la comunidad y el sesgo judicial, fueron obligados a confesar en falso decenas de casos de abuso de menores que supuestamente ocurrieron en las clases de computación de Arnold, con la ayuda de Jesse. Un amigo adolescente de éste, Ross Goldstein, también fue condenado a trece meses de prisión tras ser obligado a confesar y a hacer acusaciones falsas contra Jesse.
Los cargos de esa cacería de brujas iban desde lo inverosímil hasta lo imposible. Como lo puso Jesse Friedman, un niño de diez años que asistía a las clases semanalmente alegó que había sido forzado a tener sexo anal u oral 30 veces en un periodo de diez semanas y —tras reinscribirse— fue violado 41 veces a lo largo del siguiente año. Entre lo que un cargo describía como abusos en grupo se incluía el “salto de rana”, en el cual Arnold y Jesse supuestamente sodomizaban a toda la clase de niños desnudos saltando de uno al otro. Pese a las historias de violencia física, abuso verbal y sexo forzado frente a toda la clase, no se presentó una sola evidencia: ni moretones ni ropa manchada de sangre. Ni uno solo de los padres expresó la menor sospecha hasta que la policía llegó a sus casas a interrogar a sus hijos.
El único hecho incuestionable es que en 1987 los agentes aduanales interceptaron un paquete dirigido a Arnold Friedman que contenía pornografía infantil, lo que llevó a la policía a allanar el hogar de los Friedman en el suburbio de Nueva York de Great Neck. La policía confiscó unas 20 revistas de pornografía infantil tomadas de varias partes de la casa y una lista de los niños que asistían a las clases de Arnold.
¡Al poseer pornografía infantil, Arnold Friedman no cometió crimen alguno! Fotografías, sexo de fantasía, entretenimiento: la pornografía no hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos librarnos de la prisión si los “pensamientos desviados” se castigaran con cárcel? Al contrario de ciertos feministas y de los maoístas del Revolutionary Communist Party [Partido Comunista Revolucionario], quienes quisieran prohibir la pornografía sobre la espuria base de que provoca violencia contra la mujer, nosotros reconocemos que las leyes antipornografía dañan a todos al legitimar la censura y desatar la interferencia estatal en la vida privada. Nos oponemos a las leyes contra la pornografía y a las leyes contra los “crímenes sin víctimas”, como la prostitución, las drogas y las apuestas. ¡El gobierno debería sacar los ojos, oídos y narices de las alcobas y de las vidas privadas de la gente!
Según la retorcida lógica que esta sociedad promueve, Arnold Friedman, espectador de pornografía, debía ser por lo tanto un abusador de menores, por lo que fue condenado a una sentencia de diez a 30 años de prisión y murió en la cárcel en 1995, aparentemente por suicidio. Jesse recibió una sentencia de seis a 18 años tras las rejas. Lo liberaron en 2001 después de trece años, sólo para que comenzara una cadena perpetua de persecución legal y social.
Ya antes de que comenzara el juicio, las autoridades promovieron la noción de que cada uno de los estudiantes de Arnold debía ser considerado una víctima. Cientos de padres de familia histéricos se apiñaron en reuniones comunitarias exigiendo asesoría sobre cómo ayudar a sus hijos. Se les dijo que fueran a terapia. Años después, muchas supuestas víctimas testificaron respecto al terrible daño que sufrieron ellos y sus familias cuando el estado los obligó a inventar historias, y luego por la subsiguiente “terapia” basada en esas ficciones.
En 2013, la oficina del mismo fiscal que condenó a los Friedman revisó el caso en respuesta a una acusación de calumnia que el Tribunal de Apelaciones del II Distrito emitió en 2010. El tribunal escribió: “Aquí las actas indican una ‘probabilidad razonable’ de que Jesse Friedman fuera injustamente sentenciado”. Para la revisión de la fiscalía, Ross Goldstein (a quien los documentos legales se refieren como Kenneth Doe) habló por primera vez en 23 años. En un documento de nueve páginas dirigido al fiscal de distrito, afirmó: “Ninguno de los sucesos que Kenneth Doe supuestamente describió o que se atribuyen a él tuvo lugar en realidad”. Goldstein reunió a numerosos ex alumnos que hoy afirman que en las clases no ocurrió absolutamente nada y que la policía los intimidó para que rindieran falsos testimonios. Sin embargo (predeciblemente), el resultado del autoexamen fue que la oficina del fiscal se absolvió a sí misma de cualquier falta en el proceso.
La sexualidad infantil y el estado
El caso Friedman, una tragedia incesante para toda una familia, subraya varias cuestiones políticas importantes. El enfoque de la Spartacist League deriva de nuestra concepción marxista del mundo y nos enfrenta con el moralismo burgués y con frecuencia también con muchos grupos autodenominados socialistas. La sexualidad humana es muy amplia, pero su práctica está condicionada por cada sociedad particular. La sociedad burguesa estadounidense, con su componente de fanatismo religioso, destina una cantidad considerable de energía a delimitar los apetitos sexuales en nombre del orden social. Con sus policías, jueces y prisiones, la intervención del estado en las relaciones sexuales privadas tiene como fin imponer la moralidad que profesa la burguesía, y con frecuencia transforma una experiencia inofensiva y muchas veces positiva en una pesadilla. El estado burgués no es ni un árbitro neutral ni un protector de la ciudadanía; existe para asegurar la conservación del dominio capitalista.
La premisa de muchas leyes contra el sexo es que los niños son seres asexuales. De manera absurda, los púberes y los adolescentes con las hormonas desbocadas son considerados niños. De hecho, la sexualidad es parte de la constitución humana desde la infancia. Como discutimos con amplitud en el artículo “Unholy Alliance of Feminists and Christian Right—Satan, the State and Anti-Sex Hysteria” (La impía alianza de los feministas y la derecha cristiana—Satanás, el estado y la histeria antisexo, Women and Revolution No. 45, invierno-primavera de 1996), los niños son pequeños animales inquisitivos que en su camino a la madurez llevan a cabo experiencias y observaciones sexuales y de todo tipo. Tal como ocurre con otras especies de primates, el sexo entre los humanos tiene un amplio componente de aprendizaje. Hoy, en gran parte del país se le niega a la juventud el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, dejándola vulnerable a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Si intenta actuar como la televisión e Internet le enseña, se mete en problemas.
Las leyes contra el estupro varían mucho de un estado a otro, pero todas criminalizan toda actividad que un tribunal considere sexual por el solo hecho de que un menor (alguien que no haya llegado a la “edad de consentimiento”) participe en ella, independientemente de si lo que suceda sea o no consensual. La ley mezcla deliberadamente el sexo consensual con el ataque sexual violento y con la violación. Cualquiera que sea hallado culpable de haber tenido sexo con un menor, o cualquier cosa considerada contacto sexual, se considera automáticamente un delincuente violento. La designación “depredador” puede aplicarse cuando un tribunal decide que una relación fue establecida o promovida con fines de “victimización”.
El único lineamiento para cualquier relación sexual debería ser el consentimiento efectivo —es decir, el entendimiento mutuo de las partes participantes— independientemente de la edad, el género o la preferencia sexual. Sin duda, determinar incluso lo más básico —por ejemplo, si un acto tuvo lugar realmente y si fue consensual— puede ser problemático a veces. Y ciertamente hay muchos casos en que la víctima de una violación o de un abuso violento puede recurrir a la ley. Al mismo tiempo, como alguna vez comentó el dramaturgo irlandés Brendan Behan en un contexto diferente: “Nunca he visto una situación tan terrible que un policía no pueda empeorar”. Además, desentrañar las cuestiones de la sexualidad humana del entramado de prejuicios sociales es casi imposible en esta sociedad dividida en clases y razas. Libre de la crueldad y la fría indiferencia que resultan de la búsqueda de ganancia, una sociedad socialista buscaría un enfoque científico a estas cuestiones difíciles.
Enciérrenlos...
Las leyes antisexo han creado una enorme masa de blancos potenciales, alimentando pesquisas con vastas sumas de dinero para trabajo encubierto y alentando procesos fraudulentos mediante el uso de oscuras invenciones siquiátricas y “testigos expertos”. En consecuencia, cada vez más víctimas caen en las fauces del sistema carcelario estadounidense, que ya es el mayor del mundo. Las cifras de la guerra contra los “depravados” sexuales se suman a las de la anterior “guerra contra el crimen” y a la continua “guerra contra las drogas”, eufemismos para nombrar la persecución legal racista que ha cuadruplicado la población carcelaria a cerca de 2.2 millones de personas al día de hoy, de las cuales casi la mitad son negras.
Desde los años setenta hasta hoy, el número de personas encarceladas como delincuentes sexuales se ha multiplicado. El libro Sex Panic and the Punitive State (Pánico sexual y el estado punitivo, University of California Press, 2011), de Roger N. Lancaster, aporta una investigación útil que describe el desarrollo de estos pánicos y muestra con precisión cuán vasto es el archipiélago de víctimas de la persecución sexual estatal. Lancaster escribe: “Nacionalmente, los casos reportados de abuso infantil saltaron de seis mil en 1976 a 113 mil en 1985 y a 350 mil en 1988: la cifra se multiplicó 58 veces en doce años”. Apuntando al terror irracional al “desconocido que acecha”, en un artículo publicado en el New York Times del 20 de agosto de 2011 titulado “Sex Offenders: The Last Pariahs” [Delincuentes sexuales: Los últimos parias], señaló: “El riesgo de que un niño sea asesinado por un depredador sexual desconocido es comparable al de morir fulminado por un rayo”. Lancaster también señala que “la mayoría de los perpetradores de abusos sexuales son miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o conocidos de la familia de la víctima”.
Las cacerías de brujas antisexo han sido usadas para deshacerse de elementos básicos que los estadounidenses habían aprendido a considerar inherentes a la democracia, así como la “guerra contra el terrorismo” ha destripado toda una gama de derechos constitucionales. Como puede verse en el caso Friedman, lo primero que se pierde es la privacidad, seguida de la presunción de inocencia, cuando los acusados son satanizados. Luego se marca a los convictos de por vida. Hoy, cerca de 750 mil personas están en el registro de Internet que instituyó la “Ley Megan” de la era Clinton, promulgada tras el brutal asesinato de la pequeña Megan Kanka de siete años en un ataque sexual en 1994.
Al salir de la cárcel, Jesse Friedman —quien para empezar no había hecho nada— fue clasificado como “depredador sexual violento nivel III”, es decir, como alguien en alto riesgo de reincidir y como una amenaza a la seguridad pública. Como tal, tuvo que abandonar su casa tres veces. Con respecto a las restricciones de residencia, que le prohíben la proximidad con niños, escribió en su página web: “Si miras un mapa, te darás cuenta de que eso significa prácticamente cualquier parte. En algunos estados y ciudades se me prohibiría estar en cualquier lugar ‘donde se sabe que los niños se congregan’, incluyendo bibliotecas, museos, acuarios, playas e incluso eventos deportivos públicos”. “La Ley Megan”, escribió, “es el exilio social”.
Otros miles han sido convertidos en parias de manera similar. En Southampton, un destino vacacional para las celebridades neoyorquinas y los tiburones de Wall Street, unos 40 hombres convictos de diversos delitos sexuales se ven obligados a vivir en dos tráilers alejados de los centros habitados. Sólo uno de los tráilers tiene regadera y los que viven en el otro tienen que tomar el autobús dos veces por semana para ducharse.
La novela agudamente realista de Russell Banks, Lost Memory of Skin (La memoria perdida de la piel, HarperCollins, 2011), explora el horrendo mundo de los nuevos parias. El héroe es un joven tímido e ingenuo al que se le llama “el Chico”, cuyo fiel compañero y único amigo es su iguana Iggy. El Chico va a conocer a “brandi18”, con quien había tratado sólo por Internet, sólo para encontrarse con que en casa de ella lo esperan el padre de Brandi y cinco policías. Tras ser arrestado y condenado, se halla a sí mismo sin hogar, viviendo bajo un puente junto a otros “delincuentes sexuales”, pepenando comida de los basureros. En nombre de políticos que buscan un encabezado de prensa, la policía allana incluso ese lugar diminuto, sucio y semioculto, con resultados trágicos. A estos hombres del puente se les obliga implacablemente a recargar constantemente sus tobilleras de monitoreo:
“Toma media hora cargar completamente la batería del monitor, y durante esa media hora el Chico se siente íntimamente conectado a los demás millones de delincuentes sexuales, jóvenes, viejos y de otras edades...todos los cuales han conectado sus tobilleras electrónicas a contactos y están sentados en alcobas, salas y sótanos de casas, apartamentos y remolques, en estacionamientos, refugios de indigentes, parques públicos, aeropuertos, estaciones de tren, salas de espera, oficinas, en las trastiendas de restaurantes de comida rápida, bajo pasos a desnivel y puentes peatonales —como si todos ellos fueran hojas temblorosas en las ramas grandes y pequeñas de un vasto árbol eléctrico cuya sombra cubriera todo el país—”.
...y tiren la llave
Las diversas leyes estatales y federales de “confinamiento civil” que se han aprobado desde 1990 son una burla de la noción de “cumplir tu sentencia” y de la pretendida rehabilitación. Por ejemplo, la “Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de los Niños” de 2006 posibilita la detención indefinida de cualquier prisionero federal —incluso si nunca ha sido convicto de ningún delito sexual— que haya cumplido su sentencia pero sea considerado mentalmente “anormal” y se crea probable que cometa algún delito sexual en el futuro.
En el artículo “When the Feds Decide Who’s Sexually Dangerous” [Cuando los federales deciden quién es sexualmente peligroso], publicado en The Atlantic (20 de mayo de 2010), Wendy Kaminer señala: “Quienes confían en la burocracia federal y creen que los funcionarios usarán su poder adecuadamente, con imparcialidad y buena fe, pueden sentirse protegidos por él; a los demás debe preocuparles que el gobierno pueda detener ciudadanos indefinidamente, sin juicios con jurado, basándose en especulaciones sobre su futura peligrosidad”. Díganselo a los prisioneros de Guantánamo.
Bajo algunas leyes estatales, los sometidos a confinamiento civil pueden tener derecho a un proceso ante un juez, pero no a un juicio con la posibilidad de preparar una defensa. La mayoría no recibe “tratamiento” y prácticamente nadie obtiene algo de él. ¡Incluso se dio el caso de un hombre de Wisconsin de 102 años que no pudo someterse a tratamiento por fallas en la memoria y problemas de oído!
Hasta 2007, dos mil 700 hombres estaban recluidos en centros de confinamiento civil. Para escapar de las garras de estas instituciones penales/“terapéuticas” en las que se encuentran sepultados, algunos prisioneros incluso solicitan ser castrados, como lo relata el artículo “The Science of Sex Abuse” [La ciencia del abuso sexual] de Rachel Aviv (The New Yorker, 14 de enero de 2013). La primera persona detenida bajo la Ley Adam Walsh, Graydon Comstock, cuestionó la legislación en un caso ante la Suprema Corte en 2010. Aviv observa: “Para cuando el caso fue atendido, cuatro años después de que la sentencia criminal de Comstock expirara, él tenía ya 67 años y padecía del corazón, de diabetes e incontinencia. Ya dos veces había solicitado ser castrado, creyendo que la operación ayudaría en su caso, pero se le dijo que no estaba médicamente justificada”. En años recientes, la Suprema Corte ha refrendado diversos estatutos del confinamiento civil.
El poderoso análisis de Aviv de los horrores del confinamiento civil gira en torno al caso real de un soldado solitario llamado John, que se hizo amigo en un chat room de “Indy-Girl”. Sí, era un policía encubierto. El soldado, invitado a un tentador picnic al aire libre, rápidamente fue capturado por la Unidad Militar de Investigaciones y el FBI. John fue sentenciado a 53 meses en una prisión federal por poseer pornografía infantil y por “usar Internet para inducir a un menor a tener sexo”. Pero entonces fue cuando empezaron sus verdaderos problemas.
Tras salir en libertad condicional, John recayó y volvió a mirar pornografía con menores, por lo que rápidamente fue sentenciado a otros dos años en prisión. Seguía preso cuando el Congreso aprobó la Ley Adam Walsh, por lo que se le transfirió a una prisión médica de Massachusetts y, sin audiencia legal, se determinó que era de “alto riesgo”. Así pasaron cuatro años. En 2011 comenzó su audiencia de confinamiento civil. Al año siguiente, un juez dictaminó que John era demasiado peligroso para ser liberado y lo condenó a un “confinamiento terapéutico” indefinido en el sistema carcelario federal. Desde entonces sigue en ese limbo, donde una “terapia” diaria lo alienta a declarar cada vez más historias fantasiosas para ganarse la aprobación de los siquiatras, historias que sólo contribuyen a incriminarlo. Vivir en una tienda de campaña bajo un puente parece un destino preferible.
Nuevas brujas, nuevos inquisidores
En Estados Unidos, con su vena profundamente puritana y su insidioso racismo, la combinación de sexo y raza siempre ha sido usada como medio de control social. El mito del hombre negro depredador acosando a mujeres y niños blancos se conjuró para mantener aterrorizada a la población negra cuando la ley linchadora imperaba en el Sur de Jim Crow. Con frecuencia se ha recurrido a leyes antisexo para poner a hombres negros tras las rejas, incluyendo a celebridades como el boxeador Jack Johnson en 1912 y a Michael Jackson en 1994 y de nuevo diez años después.
Las cruzadas antisexo fueron una de las armas que se usaron para revertir las conquistas de las luchas por los derechos civiles y para apagar el descontento social de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente el provocado por la Guerra de Vietnam. Tras tomar posesión en 1977, el gobierno demócrata de Jimmy Carter desató un asalto de reacción social interna mientras llevaba a la Casa Blanca el fundamentalismo religioso de los “renacidos”. Bajo el lema de los “derechos humanos” lanzó también la Segunda Guerra Fría del imperialismo estadounidense con el objetivo de destruir a la Unión Soviética.
La siguiente década presenció una de las cacerías de brujas más terribles y peculiares de la historia estadounidense: la histeria respecto al “abuso satánico” en las guarderías, que le arruinó la vida a cientos de hombres, mujeres y niños. El auge de esta cacería de brujas, que se extendió hasta principios de los años noventa, coincidió con la reacción reaganista —la cual, entre otras cosas, intentó enviar a las mujeres de vuelta a los hogares—. Se recortaron los fondos para el bienestar social y otros programas sociales, como las guarderías y preescolares para madres trabajadoras, provocando enormes dificultades y daños a las mujeres y los niños. El pánico del “abuso satánico” sirvió para encubrir un abuso real por parte del gobierno.
En el juicio más largo de la historia estadounidense, que se extendió de 1986 a 1990, el caso de la escuela preescolar McMartin, los niños testigos contaron historias de sacrificios animales, orgías, pasadizos secretos, mutilación de cadáveres y otras ficciones. El caso comenzó en 1983, y para el año siguiente el gran jurado había reunido 354 declaraciones que implicaban hasta 369 supuestas víctimas, mientras la policía anunciaba una enorme conspiración criminal. Más de 70 personas fueron condenadas injustamente. Mientras tanto, decenas de otros casos de “satanismo” barrieron el país, desde el condado de Kern en California, hasta Fells Acres en Massachusetts y la guardería Little Rascals de Carolina del Norte. En estos casos no se encontró evidencia alguna. Los acusados eran completamente inocentes, como señalamos entonces (a diferencia de prácticamente todo el resto de la izquierda) al defender a los trabajadores de las guarderías. Los Friedman fueron arrestados en medio de esa cacería de brujas.
Los liberales y feministas burgueses ayudaron a impulsar esa locura. Aunque se presentan como protectores de las mujeres y los niños, su remedio es pedirle al estado leyes más numerosas y más duras, así como más vigilancia policiaca. La versión más extrema de esa misma política fue el libro de 1975 de Susan Brownmiller, Against Our Will [Contra nuestra voluntad], famoso por su aseveración de que la violación es la principal forma en que todos los hombres controlan a todas las mujeres. Su propuesta: más mujeres policías.
En los años setenta y ochenta, los florecientes escuadrones de dios, dirigidos por gente como el fundamentalista católico Patrick Buchanan y el líder de la Mayoría Moral Jerry Falwell, se movilizaban contra el aborto y declaraban que el sida era un castigo de dios a los gays. Mientras los fanáticos de derecha sitiaban las clínicas de aborto, los feministas apuntaban contra la pornografía y un imaginario abuso satánico. Al impulsar este programa antisexo, los “progresistas” entablaron una alianza temporal con los evangélicos.
El estado respondió gustoso. En 1974, el demócrata Walter Mondale promovió la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, que obligaba a los terapeutas, maestros y trabajadores sociales a informar a la policía de cualquier indicación de abuso. Así, se suponía que cientos de miles de educadores y trabajadores sociales actuarían como auxiliares de la maquinaria de represión del estado capitalista. En los años ochenta, el procurador general de Reagan, Edwin Meese, lanzó una gran campaña contra la pornografía, con bastante ayuda de sus aliados liberales. Con Internet, las cosas no hicieron sino empeorar. En los últimos quince años, las sentencias federales por posesión de pornografía infantil han aumentado en extensión más de 500 por ciento y pueden ameritar hasta cadena perpetua, la sentencia que suele darse al homicidio en primer grado.
Entre las feministas más prominentes que impulsaban las reaccionarias campañas antiporno estaba la fundadora de la revista Ms., Gloria Steinem, quien empezó su carrera como informante de la CIA. La despreciable Steinem también se subió con furor al tren del ritual satánico y la memoria reprimida. A mediados de los ochenta financió una excavación que los padres de familia de la escuela preescolar McMartin realizaron en busca de los (inexistentes) túneles y calabozos de los que habían hablado sus hijos bajo coerción. En 1993, Ms. salió con el encabezado: “El abuso ritual de las sectas existe —¡Créanlo!”.
En 1995, Steinem narró el documental de HBO The Search for Deadly Memories. Los apócrifos “recuerdos recuperados” de abuso cumplieron una función perniciosa en numerosos casos. Estos “recuerdos reprimidos”, como los llaman los trabajadores sociales fraudulentos, son la versión secular liberal de la histeria religiosa. Como materialistas convencidos, no nos lo creímos. Como señalamos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”, las técnicas que supuestamente revelan traumas reprimidos han demostrado ser excelentes para inducir recuerdos falsos, especialmente en niños pequeños y susceptibles. En ocasiones, es la policía quien implanta los supuestos recuerdos en el curso de los interrogatorios, como ocurrió en el caso Friedman. Los traumas verdaderos realmente trauman a la gente, que tiende a recordarlos.
El sexo, el matrimonio y la familia
¿Cómo es que la expansión de la tolerancia (salvo en reaccionarios endurecidos y fanáticos religiosos) respecto al matrimonio gay puede coexistir con una implacable cacería de brujas antisexo? Esto se debe a que el matrimonio, un contrato legal, es uno de los principales sostenes sociales del estado burgués. En una presentación el pasado mayo, David Thorstad, quien en 1978 estuvo entre los fundadores de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), señaló la desbandada del movimiento radical gay:
“El anterior desafío a la heterosupremacía, dirigido a liberar la sexualidad reprimida de todos, ha sido remplazado por un enfoque conservador y convencional por la aceptación de la sociedad capitalista heterosupremacista. Donde esto es más obvio es en la búsqueda del matrimonio y la participación abierta en instituciones opresivas como el ejército, así como los llamados a fortalecer las fuerzas represivas del estado mediante las leyes contra los llamados crímenes de odio”.
Así, en la búsqueda de la respetabilidad burguesa, las marchas del orgullo gay acogen contingentes de policías gays, cuyo trabajo incluye el arresto de “delincuentes sexuales”. Mientras tanto, los organizadores de las marchas vetan a organizaciones como NAMBLA, que llama por la despenalización de las relaciones consensuales entre hombres adultos y menores de edad.
A diferencia de los feministas, el establishment gay y, asquerosamente, la mayor parte de la izquierda “socialista”, nosotros siempre hemos defendido a NAMBLA y a sus miembros tanto de la represión estatal como de la victimización por parte de los patrones. Se trata de algo más que una cuestión de “libertad de expresión”. Muchísimos jóvenes, torturados y confundidos por sus propios sentimientos, en conflicto con la severidad represiva de esta sociedad, encontrarían reconfortante hablar de estas cosas con personas más experimentadas, como lo han hecho generaciones anteriores. En esta época, sin embargo, tener cualquier tipo de intimidad intergeneracional es jugar con fuego.
En un artículo titulado “Youth, Sexuality and the Left” [Juventud, sexualidad y la izquierda], Sherry Wolf de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se sumó al linchamiento de Thorstad acusándolo de ser “el más constante y sonoro defensor de la pederastia en la izquierda” (socialistworker.org, 2 de marzo de 2010). Conservando la premisa reaccionaria de las leyes de la edad de consentimiento, Wolf cita su libro Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation [Sexualidad y socialismo: Historia, política y teoría de la liberación LGBT]: “Es incongruente que un niño dé verdadero consentimiento, libre de la desigualdad de poder, a un hombre de 30”. El artículo de Wolf continúa: “En nuestra sociedad, los adultos y los niños no se enfrentan como iguales en lo emocional, lo físico, lo social o lo económico. Los niños y los adolescentes más jóvenes no tienen la madurez, la experiencia ni el poder necesarios para tomar decisiones verdaderamente libres en sus relaciones con los adultos. Sin ello, no puede haber verdadero consentimiento”.
No importa que la mayoría de las relaciones entre adultos no cumpla con este criterio de consentimiento. En cuanto a la afirmación de Wolf de que “los adolescentes maduran a distintas edades”, ¿quién debe determinar la edad adecuada para la actividad sexual en una especie en la que esta edad ha estado, durante el 99 por ciento de su existencia, muy por debajo de la supuesta “edad de consentimiento” de la actualidad? Bajo el inhumano status quo capitalista, se asume que es el estado. Para los comunistas, es el ABC el oponernos a la intervención del gobierno en la vida privada de la gente y defender a cualquier grupo que luche por aumentar la libertad en las relaciones sexuales. Esto es una expresión del ideal de la vanguardia leninista como tribuno del pueblo. La ISO y cía. bailan a un son diferente, acomodándose a los valores burgueses y a la cacería de brujas contra aquéllos cuyas proclividades sexuales se consideran verboten [prohibido, en alemán en el original].
En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), Friedrich Engels rastreó el surgimiento simultáneo de la familia y el estado como medios que la clase propietaria usó para consolidar y reproducir su poder cuando emergió de la sociedad humana primitiva. La monogamia de la esposa era necesaria para asegurar la paternidad para la transmisión hereditaria de la propiedad. Actualmente, la familia sigue siendo la principal fuente de opresión de la mujer. A los niños, la familia debe imbuirles la sumisión y el respeto por la autoridad, lo que frecuentemente engendra frustración y violencia. Como escribimos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”: “Las proclividades sexuales de las especies gregarias de mamíferos, como la nuestra, claramente no encajan con la rígida monogamia heterosexual que constituye el fundamento ideológico de la institución de la familia, reforzada por la religión organizada”.
La mayor parte del terrible daño que se inflige a los jóvenes y las mujeres tiene lugar en el seno de la familia. Sin embargo, en esta sociedad capitalista, la familia suele ser lo único que le queda a uno. Son escasos los servicios alternativos que la sociedad provee para criar a los hijos o cuidar a los enfermos y a los ancianos.
El fanatismo antisexo y la perversa persecución estatal persistirán mientras imperen la propiedad privada y la producción por ganancias. El estado capitalista no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y los oprimidos. Debe ser barrido y sobre sus ruinas debe erigirse un estado obrero basado en la expropiación de los medios de producción. Para erradicar la opresión de la mujer y de los homosexuales, se requiere construir una sociedad socialista donde las funciones de la familia sean colectivizadas —guarderías y cocinas comunales, atención médica gratuita y de calidad, etcétera— liberando a la mujer de la carga de la crianza de los niños y de la esclavitud doméstica. En cuanto a lo que una sociedad racional conservaría de las relaciones sexuales, y de las relaciones sociales en general, los marxistas compartimos la amplitud de la visión que expresó el fallecido Gore Vidal (a quien tanto echamos de menos) en su artículo “Pink Triangle and Yellow Star” (Triángulo rosa y estrella amarilla, The Nation, 14 de noviembre de 1981):
“Cualquiera que sea el arreglo al que llegue la sociedad del futuro, debe reconocerse que los niños que lo necesiten serán criados con bastante más cuidado que hoy, y que a los adultos que no deseen ser padres ni madres debe dejárseles en paz”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/40/delincuentes.html
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2016.06.05 00:19 ShaunaDorothy Tras la masacre de Newtown - Hipocresía burguesa y ardides por el control de armas (Febrero de 2013)

https://archive.is/jhJNJ
Espartaco No. 37 Febrero de 2013
Tras la masacre de Newtown
Hipocresía burguesa y ardides por el control de armas
El siguiente artículo ha sido traducido de Workers Vanguard No. 1015 (11 de enero de 2013), periódico de nuestros camaradas de la Spartacist League/U.S.
Perpetrada en la secuela del asesinato de doce espectadores de una película en Aurora, Colorado, el 12 de julio de 2012, la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, llevada a cabo en diciembre por un individuo demente, llevó, como cabía prever, a un clamor renovado por que se limite más la posesión de armas de fuego en EE.UU. Con el presidente estadounidense Obama declamando que “no hay excusa para la inacción”, el New York Times (19 de diciembre) llamó a restaurar y fortalecer la prohibición de rifles de asalto que expiró en 2004. El 3 de enero, el primer día de sesiones de la nueva legislatura, se presentaron diez proyectos de ley sobre control de armas. Estas medidas prohibirían la posesión y transferencia de armas con cargadores de alta capacidad de municiones y requerirían una base de datos nacional de gente sin derecho a comprar armas de fuego, así como investigaciones de antecedentes para las transacciones en exhibiciones de armas, entre otras cosas.
Tal como las fuerzas reaccionarias de “la ley y el orden” señalan los asesinatos particularmente horrendos para impulsar una mayor aplicación de la bárbara y racista pena de muerte, así los liberales aprovechan las masacres como las de Virginia Tech y ahora Newtown para impulsar mayores restricciones o la prohibición total de la posesión de armas de fuego. El resultado en todos estos casos es que los derechos básicos de la población se ven pisoteados y el estado capitalista consolida y expande aun más sus asesinos poderes represivos.
Sólo un sociópata negaría el horror de lo que ocurrió en Newtown. Pero lo que está en juego ahora es una campaña renovada por parte del estado capitalista para imponer su monopolio de la violencia al destripar más aún el derecho a portar armas, el cual se codificó en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Los marxistas nos oponemos a las leyes de control de armas y defendemos el derecho a la autodefensa armada, una necesidad de los trabajadores, los negros, las demás minorías y la población en su conjunto.
Un artículo de opinión en el New York Times (17 de diciembre) titulado “Reason to Hope After the Newtown Rampage” [Razones para tener esperanza tras la masacre de Newtown] presentaba a la población prácticamente deseosa de ceder sus derechos, y proclamó: “Los estadounidenses estamos dispuestos a cargar con el peso, como lo estuvimos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, al aceptar el aumento en la seguridad cuando viajamos y acciones militares que antes hubiéramos evitado”. Eso es lo que dicen. El 3 de enero el presidente Obama continuó la campaña por el “aumento de la seguridad” al firmar la Ley de Autorización de la Defensa Nacional —el proyecto de ley anual de las apropiaciones militares— que permite la detención indefinida de ciudadanos estadounidenses.
El derecho a portar armas surgió de la Revolución Estadounidense y tuvo su antecedente en la Inglaterra de un siglo antes. A lo largo de las revoluciones burguesas de Europa y Norteamérica, que abarcaron desde el siglo XVII a mediados del siglo XIX, el principio de armar al pueblo, incluyendo el concepto de milicia popular, se consideraba parte de una defensa vital contra la tiranía. Pero, como señalamos en “The Second Amendment to the U.S. Constitution” [La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense] (ver WV No. 1015, aparecido por primera vez en Spartacist [Edición en inglés] No. 43-44, verano de 1989): “Con la aparición en escena del proletariado como actor independiente, ‘el pueblo armado’ se volvió anacrónico, pues la población quedó polarizada sobre líneas de clase”.
Los regímenes despóticos prefieren mandar sobre sujetos indefensos; un pueblo armado puede resistirse. Para los negros, la autodefensa armada y otros derechos básicos fueron ganados con la Guerra Civil que aplastó a la esclavitud...e inmediatamente después estuvieron bajo ataque. En la lucha por construir y defender sindicatos, desde las minas de carbón de Virginia Occidental y Kentucky hasta los puertos y estaciones de carga camionera de la nación, los obreros se armaron para defenderse de los esquiroles rompehuelgas y la policía, los militares y los guardias de seguridad privada. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, los veteranos negros, con armas en las manos, conformaron la infantería de las primeras luchas contra el sistema de segregación Jim Crow en el Sur.
Sucede que los mismos que deciden a quién darle el privilegio de ejercer el derecho a portar armas son los mayores asesinos de masas que el mundo haya visto: la clase capitalista estadounidense. Incluso mientras Obama declaraba en Newtown que “estas tragedias deben terminar”, su aparato militar y de espionaje preparaba la siguiente ronda de ataques aéreos sobre Paquistán y Yemen. En un comentario titulado “Beyond Newtown” [Más allá de Newtown], el prisionero de la lucha de clases Mumia Abu-Jamal observó:
“A lo largo y ancho de Estados Unidos, ciudades en las dos costas y el Medio Oeste han sufrido pequeñas masacres, silenciosas y casi invisibles, donde decenas de padres pierden a sus hijos, las esposas a sus maridos y algunos maridos a sus esposas. Me refiero a la plaga de la violencia policiaca contra los negros en Nueva York, Chicago, Oakland y más allá”.
Ya por cierto tiempo, la lucha de clases y otras luchas sociales en este país se han encontrado en un punto bajo. Sin embargo, hay un enorme descontento social preparando el terreno para una lucha renovada. Los estadounidenses tienen armas y quieren conservarlas. Este es un hecho sociológico de la vida, y será un hecho útil cuando la masa de la población se sienta directa y abiertamente amenazada por un gobierno tiránico. Para los marxistas revolucionarios, lo crucial es que la clase obrera se levante como el defensor de todos los que sufren bajo la bota de los gobernantes capitalistas.
El estado capitalista: Portando armas contra el pueblo
Los llamados al control de armas emanados de la burguesía siempre han estado marcados por la más flagrante hipocresía. El ahora fallecido líder del clan Sulzberger, al que pertenece el New York Times y que está entre los principales exponentes del control de armas para las masas, era conocido por conservar una pistola en el cajón de su escritorio para lidiar con cualquier posible intruso hostil. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, ciertamente no tiene por qué temer la confiscación estatal de las armas: tiene a su disposición al personal de la policía las 24 horas del día.
Se han burlado mucho de los recientes pronunciamientos de la bastante osificada National Rifle Association (NRA, Asociación Nacional del Rifle), y particularmente del discurso que pronunció su presidente donde levantó el llamado reaccionario a poner guardias de seguridad armados en todas las escuelas. Los alumnos de alrededor de un tercio de las escuelas públicas ya sufren revisiones y la arbitrariedad de guardias de seguridad e incluso de policías, particularmente en los guetos y barrios. Cabe señalar que actualmente la NRA está brindando el servicio útil de entrenar a maestros en algunos estados en el uso de armas de fuego.
La prensa liberal, a la que hacen eco los reformistas de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional), lamenta que ésta sea una sociedad violenta (esa observación es similar a reconocer que a los calvos les falta pelo). De las barracas de los infantes de marina, donde el lema es “Mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”, a los púlpitos de las iglesias donde los médicos que practican abortos son considerados merecedores de la muerte, la verdad innegable es que la violencia “es tan estadounidense como la tarta de cereza”, como dijo el militante negro de los años sesenta H. Rap Brown.
El asesinato de masas es un fenómeno frecuente en EE.UU. —y es normalmente el estado el que lo lleva a cabo—. En 1921, la policía de Tulsa bombardeó a la comunidad negra segregada, matando a 75 personas. En mayo de 1985, el alcalde de Filadelfia, el demócrata negro Wilson Goode, con la cooperación del FBI, mandó bombardear a la comuna MOVE, un grupo predominantemente negro con ideología de regresar a la naturaleza. El ataque mató a once personas, entre ellas cinco niños, y todo un vecindario negro fue incinerado. En 1993, tras un sitio de 51 días, el Departamento de Justicia de Bill Clinton ordenó un ataque contra la secta religiosa integrada de la Rama Davidiana, cerca de Waco, Texas, matando así a 80 hombres, mujeres y niños.
Los individuos homicidas que han llevado a cabo tiroteos masivos en los últimos años típicamente lo han hecho con armas semiautomáticas, como el AR-15, uno de los rifles más populares del país, el cual fue usado por el asesino de Newtown. Así que el lobby del control de armas está gritando sobre la necesidad de prohibir las “armas de asalto”. Un equipo de trabajo dirigido por el vicepresidente Biden, autor de la prohibición expirada de esas armas, tiene programado redactar una propuesta para renovarla y adicionarla con nuevas restricciones. La ISO está ayudando a inflamar el frenesí liberal, declarando en “How Does This Happen?” [¿Cómo puede ocurrir esto?] (socialistworker.org, 17 de diciembre):
“Los socialistas creemos que las armas son un síntoma de la violencia, no una causa; pero nadie puede ignorar lo que ese síntoma nos dice respecto a esta sociedad enferma, donde la gente puede comprar por Internet miles de cartuchos de municiones, incluyendo las balas de alto calibre que se usaron en Sandy Hook, cuyo único propósito puede ser la ‘cacería’ de seres humanos”.
El punto de partida de la ISO es la confianza en el estado capitalista.
El escándalo por las AR-15 y similares es moneda frecuente entre los liberales estadounidenses y de otras partes, que rutinariamente señalan hacia Japón, Gran Bretaña y otros países avanzados donde el control de armas es la norma. (Una excepción es Suiza, que sigue sólo a EE.UU., Yemen y Serbia en número de armas per cápita, y donde sólo hubo 40 muertes por arma de fuego en 2010.) Mientras en las ciudades estadounidenses la policía persigue a los jóvenes negros y latinos con el pretexto de la posesión de drogas y/o armas, en Gran Bretaña la policía detiene a jóvenes negros y asiáticos en busca de drogas y/o cuchillos. En ambos casos, la policía los trata con brutalidad y los mata impunemente.
La violencia patológica tiene lugar independientemente del tipo de armas que pueda conseguirse. El mismo día de la matanza en Newtown, un perturbado mental en China, donde la burocracia estalinista dominante mantiene un estricto control de armas, invadió una escuela primaria y acuchilló a 22 niños y un guardia escolar. En todos los casos, el fondo es que los trabajadores deben tener los medios para defenderse y defender a otros.
Derechos de los negros y derecho a las armas
Aunque casi la mitad de los hogares estadounidenses tiene por lo menos un arma, existe la percepción de que quienes defienden los derechos de la Segunda Enmienda son sólo los de la franja derechista, racista y antiinmigrante. Sí, existen lunáticos reaccionarios aficionados a las armas que creen que Estados Unidos enfrenta hoy una invasión de México o quizá de los helicópteros negros de la ONU. Pero la verdad básica del asunto es algo que solía ser bien sabido entre los militantes sindicales y negros: si las armas fueran ilegales, sólo las tendrían los policías, los criminales y el Ku Klux Klan.
La violencia peculiar que se halla entretejida en el entramado de la sociedad capitalista estadounidense surge principalmente de la opresión especial de los negros, una herencia de la esclavitud. Y cualquier lectura seria de la historia y la realidad social de este país deja en claro la absoluta necesidad de la autodefensa negra. A finales del siglo XIX cuando el terror racial barría el Sur, donde imperaba el sistema Jim Crow, la luchadora contra los linchamientos Ida B. Wells escribió:
“Las únicas ocasiones en que un afroamericano logra escapar de un ataque son en las que tiene un arma y la usa para defenderse.
“La lección que esto enseña, y en la que todo afroamericano debe reflexionar, es que un rifle Winchester debe ocupar un lugar de honor en cada hogar negro, y que debe usarse para esa protección que la ley nos niega”.
—citado en Jacqueline J. Royster, ed., Southern Horrors and Other Writings: The Anti-Lynching Campaign of Ida B. Wells, 1892-1900 [Horrores del Sur y otros escritos: La campaña antilinchamientos de Ida B. Wells, 1892-1900] (1997)
Esto no es sólo una cuestión de libros de historia. En junio de 2011, siete matones adolescentes blancos mataron a golpes a un obrero automotriz de 49 años llamado James Craig Anderson en Jackson, Mississippi, mientras coreaban “White Power” [Poder blanco]. De haber estado armado, posiblemente Anderson seguiría vivo.
Históricamente, la autodefensa negra siempre ha enfrentado una frenética represión estatal. Las primeras leyes de control de armas del siglo XX se aprobaron en estados como Carolina del Sur, Tennessee y Mississippi como un medio para desarmar a los negros ante el terrorismo del KKK. Con el ascenso del movimiento de los derechos civiles, el control de armas volvió a asociarse con el miedo de la clase dominante a la combatividad de los negros. Robert F. Williams, el líder del NAACP [Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color] en Monroe, Carolina del Norte, se vio forzado a abandonar el país por organizar un escuadrón para defenderse de los ataques racistas. En Louisiana, y algunos otros estados del Sur, los Deacons for Defense and Justice [Diáconos por la Defensa y la Justicia] recurrieron con éxito a las armas de fuego para proteger al movimiento de los derechos civiles de los ataques del Klan. Entre las armas comunes de los Deacons estaba la carabina M-1, un “fusil de asalto” que habían aprendido a usar en el ejército.
Un artículo de Jill Lepore publicado en el New Yorker (23 de abril de 2012) señaló que “en los años sesenta, la posesión de armas como derecho constitucional figuraba más en la agenda de los nacionalistas negros que en la de la NRA”. En 1965, el Consejo de la Ciudad de Nueva York pasó una ley específicamente para impedir a Malcolm X portar una carabina para su protección; poco después, fue asesinado. En 1967, la legislatura de California prohibió portar armas cargadas después de una manifestación de los Panteras Negras, ante el capitolio estatal de Sacramento, en la que estaban portando armas legalmente. Los Panteras habían estado patrullando las calles de Oakland, donde el terror policiaco había sido generalizado. La prohibición estatal vino seguida de otras leyes de control de armas al nivel nacional, especialmente tras los levantamientos en los guetos que siguieron al asesinato de Martin Luther King en 1968.
Hoy, los negros, que figuran desproporcionadamente como víctimas de la violencia armada, son los que más necesitan medios para defenderse. Sin embargo, en muchos centros urbanos, los llamados al control de armas estricto que impulsan demócratas negros como el congresista John Lewis y Al Sharpton encuentran cada vez más apoyo entre los habitantes de los guetos. Estos llamados no hacen sino alimentar los humillantes programas de detención-y-cateo que lleva a cabo la policía de Nueva York y la de otras ciudades del país.
Los crímenes violentos en los guetos y barrios son un resultado directo del extendido desempleo y la indigencia que produce el funcionamiento normal del sistema capitalista de ganancia. Los jóvenes empobrecidos arrojados a los vertederos del capitalismo no ven muchas oportunidades de salir adelante fuera de arriesgar sus vidas en el ejército o quizá aceptar algo de droga para venderla. Los marxistas llamamos por la despenalización de las drogas, lo que eliminaría las bases de la superganancia que representa el narcotráfico y su violencia concomitante.
Sobre todo, la situación pide a gritos una lucha clasista por empleos, vivienda y educación de calidad para todos. Esa tarea exige construir un partido obrero revolucionario que fusione la ira de los guetos y los barrios con un movimiento obrero revivido y muestre el camino para derrocar al racista sistema capitalista mediante una revolución socialista.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/37/newtown.html
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